La investigación, que comprendió desde el año 2009 hasta el 2012, reveló que estas compañías llevaron a cabo un esquema de apropiación ilegal de fondos públicos por alrededor de $1,270,000 lo cual constituye casi dos terceras partes del IVU que recaudaron durante ese período, según se informó. "De cada tres dólares que cobraban, se quedaban con dos y le enviaban uno al gobierno", dijo el funcionario. "La radicación de estos cargos debe tomarse como un mensaje claro de que no vamos a permitir la evasión.
El dinero con el que se quedan estos comercios no es de ellos, es del pueblo de Puerto Rico y la verdad es que esta práctica constituye un atropello contra los ciudadanos que sí cumplen con su obligación de pagar al Gobierno", expresó Miranda Rodríguez.
En la mañana de hoy, martes, se encontró causa para el arresto de los dueños de los comercios mencionados, y se les fijó a cada uno una fianza $9,000, la cual prestaron. La vista preliminar está pautada para el 29 de abril en el Tribunal de San Juan.
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