Justo cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció la prórroga por dos semanas en sus pagos pendientes con instituciones financieras en Puerto Rico, la agencia Standrad & Poor’s, llevó su calidad crediticia a niveles más profundos en la categoría especulativa o chatarra.
S&P reclasificó la deuda de la corporación pública de B- a CCC, que son dos escalones más abajo, y dos antes del último nivel crediticio. Mientras, la calificación se mantiene con implicaciones negativas, como fue expuesto en un informe anterior y tan reciente como el pasado 18 de junio.
La agencia advirtió que podría degradar más a la AEE y en tres meses resolverá el asunto de la implicación negativa.
Según el informe suscrito por la analista Judith Waite, la calificación a la baja significa que “en nuestra opinión, la deuda de la autoridad es vulnerables a la falta de pago”, y depende de negociaciones financieras favorables –como la que realiza con la banca local desde hace más de un mes- para poder cumplir con sus pagarés.
“Creemos que la ausencia de una solución global a los problemas de liquidez y el desequilibrio estructural entre sus ingresos, gastos operacionales y los compromisos con el servicio de la deuda sugiere una alta probabilidad de que la Autoridad no será capaz de satisfacer las obligaciones del servicio de la deuda a tiempo y asuma la Ley para el Cumplimiento de Deuda y Recuperación de las Corporaciones Públicas promulgada el 28 de junio de 2014, para la reestructuración de la totalidad o parte de su deuda”, indicó Waite.
Explicó que está claro que la AEE no tiene exceso de liquidez para pagar los vencimientos pendientes al 31 de julio y que ahora vuelve a atrasar por dos semanas. Con $8.3 mil millones en circulación, la AEE tiene que pagar unos $146 millones de ese dinero y tiene pendiente otros $525 millones que vencen el 14 de agosto.
Waite igualmente mencionó “la incapacidad” de la AEE para negociar “con éxito” la renovación de las líneas de crédito para comprar el petróleo y esto ha agravado su situación financiera ya debilitada.
La analista hizo la aclaración de que no efectuar los pagos señalados no es un incumplimiento con los bonistas, porque se trata de otro tipo de deuda y acreedores, pero “creemos que la incapacidad de la autoridad para pagar las cantidades pendientes de pago incrementarán la probabilidad de que se reestructure su deuda”.
La Secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, y el Presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David H. Chafey, reaccionaron en declaraciones escritas conjuntas y sostuvieron que “esta administración ha implantado medidas críticas y decisivas, y ha tomado decisiones bien difíciles para estabilizar la situación fiscal de Puerto Rico”.
“Como S&P reconoció en su informe, estamos firmemente comprometidos con el pago de nuestras obligaciones generales y créditos relacionados. Estamos trabajando arduamente en nuestro compromiso por proteger y fortalecer el BGF, el Fondo General y el crédito de Puerto Rico, brindándole a las corporaciones públicas la oportunidad de convertirse en empresas autosuficientes que no requieran más el apoyo financiero del Fondo General o el BGF. Continuaremos actuando con determinación y enfocados en estimular el desarrollo económico y dirigir a Puerto Rico por la ruta de la salud y la estabilidad fiscal”, indicaron.
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